El Gobierno pide un cordón sanitario a Vox en plena campaña del 4-M. Sin mencionar al partido de Santiago Abascal expresamente, pero de forma muy clara, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó este martes a "poner un cordón sanitario" a "cualquier formación que haga de la incitación al odio su lema" o que se "niegue a pedir perdón" ante las "graves amenazas" a determinadas "personas" o "determinados menores", en alusión velada a la campaña de Vox contra los menores migrantes no acompañados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero también acusó al PP de ser una suerte de rehén de la ultraderecha. A juicio del Gobierno, el PP "intenta justificar" que no se ponga en marcha ese cordón sanitario porque "cuenta con la ultraderecha para conformar sus gobiernos" y porque, si se separa de "esos planteamientos", también podrían sufrir "consecuencias" sus "expectativas electorales". Es decir: según la portavoz del Ejecutivo, el PP necesita a "la ultraderecha" para gobernar y se ha abonado a su discurso.

En los últimos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, han recibido amenazas de muerte acompañadas de balas cuya autoría aún se investiga. La Policía, además, identificó este lunes a un hombre con esquizofrenia como el responsable del envío de una navaja a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Estos hechos, dijo Montero, merecen una "condena unánime".

"El Gobierno transmite un mensaje firme y contundente: ninguna amenaza va a hacer retroceder a nuestra democracia, ningún acto de violencia y ninguna intimidación van a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este Gobierno", recalcó Montero, quien denunció que "algunas formaciones" practiquen una "incitación al odio" y den cabida a "discursos excluyentes, totalitarios y que no pueden tener cabida". La única posibilidad, recalcó, es una "condena sin excusas ni matices".

Preguntada por si le preocupa que las cartas amenazantes –que se recibieron en sedes ministeriales y que iban acompañados de objetos que deberían haber sido detectados– hayan superado los filtros y escáneres correspondientes hasta llegar a sus destinatarios, Montero replicó que "el Ministerio del Interior está investigando todas las circunstancias" y "revisando los protocolos" por "si se pueden reforzar". "Lo importante es que los responsables paguen y que nuestra sociedad no normalice que un ministro reciba una amenaza de muerte", añadió.